RESUMEN LIBRO “La educación sexual para niños, niñas y adolescentes en Colombia”

De acuerdo a cifras reportadas por Medicina Legal Colombia (2017), la violencia sexual aumentó en un 9.2% con relación al año inmediatamente anterior. De los 22.519 casos de agresiones sexuales que se presentaron durante lo corrido del año, 19.592 fueron contra menores de edad, lo que constituye más del 80% de los casos presentados. Con 9.240 casos, son los niños entre los 10 y 14 años los más afectados de todos por este flagelo. Alrededor del 90% de las agresiones fueron cometidas lamentablemente por personas del núcleo familiar lo que redundó igualmente en un incremento de la violencia intrafamiliar. El 65% de las víctimas fueron niñas y el 35% varones. Los niños entre los 6 y los 14 años son quienes presentan mayor victimización, con un alto acrecentamiento anual sostenido a partir de 2012, siendo el 2015 el año con mayores víctimas.

Por otro lado, respecto del embarazo adolescente, 1 de cada 5 mujeres entre 14 y 19 años, (en zona urbana) ha estado embarazada y 1 de cada 4 ha estado embarazada o es ya madre en las zonas rurales. También se ha aumentado en Colombia, el número de embarazos en niñas entre los 10 y los 14 años.

Esto establece el compromiso urgente de evaluar objetivamente la idoneidad de la política pública contra la violencia sexual, incluyendo la política educativa (de la educación sexual), y revisar por qué no está siendo efectiva.

Además de lo anterior, el goce de los derechos sexuales y reproductivos es mucho más que la sola prevención del abuso sexual, frente a esto la educación debe preparar a los ciudadanos para el ejercicio armónico y concreto de su sexualidad, lo cual no se viene presentando en las instituciones educativas ni en la familia. En ésta última porque los padres no cuentan con los conocimientos suficientes para hacerlo o conllevan sobre sí mismos el lastre de prejuicios irracionales y en el primer caso, porque las metodologías, como la de los proyectos transversales no son suficientes, o porque se desconoce la ley cuando dictamina que debe haber una cátedra de sexualidad obligatoria para la media y educación superior, lo cual no se viene cumpliendo en los pénsumes de las instituciones educativas del país.

A partir de 1993 la educación sexual se imparte a través de “proyectos pedagógicos transversales”, que se supone, incorporan contenidos de forma transversal en las diferentes materias. Sin embargo, a mi modo de ver, esta podría ser una de las fallas actuales del sistema, en tanto que la llamada transversalidad, está obviando esta importante incorporación de contenidos a lo ancho de todas las asignaturas y está dejando este tipo de educación, a la ejecución de un proyecto del mismo nombre que tan solo es desarrollado por los y las orientadoras escolares o los (las) docentes de algunas materias específicas como la ética. De esta manera las clases o espacios pedagógicos para el desarrollo del

proyecto, se restringen a algunas intervenciones a lo largo del año escolar, lo que denigra a esta clase de formación a una práctica aislada y atomizada, es decir, todo lo contrario, a lo preceptuado por la Corte Constitucional y la ley colombiana.

De otra parte, el artículo 14 de la Ley 1446 de 2007 establece para los establecimientos educativos, “la obligación de implementar una cátedra de educación para la sexualidad dirigida a formar competencias para la prevención de la violencia sexual en la educación media y superior”. Quiere decir lo anterior que tanto los estudiantes de media de los colegios públicos y privados, así como de las universidades e institutos técnicos, deberían contar con una cátedra específica, con sus tiempos respectivos dentro del pensum académico, para impartir este tipo de enseñanza, lo cual en la práctica actual poco se hace y aunque no existe la estadística exacta de cuantas instituciones educativas cumplen con la norma, al parecer son pocas las que han instituido esta cátedra con sus tiempos respectivos dentro del currículo, tal y como lo ordena la ley. Lo anterior sería otro de los factores por los cuales al parecer la política diseñada para la prevención de la violencia sexual, y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no funciona como debería.